Seis de cada diez procedimientos que se abren en los Jugados de los Penal de Córdoba por delitos de violencia de género terminan en absolución. La razón, en un 64% de los casos, es la decisión final de la víctima de no declarar debido a las presiones del entorno.

Las causas que provocan ese silencio y sus posibles soluciones son el objeto fundamental de este estudio financiado por Instituto Andaluz de la Mujer que junto con Osuna y Genovés firma también Borja Jiménez, fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Córdoba y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Entre las propuestas de este trabajo se encuentra  la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispensa a la víctima de su derecho a declarar; una reforma legislativa que impida, en palabras de Mercedes Osuna, que la víctima tenga que elegir "entre el riesgo y el descrédito".

Con un lenguaje asequible se revisa el concepto de prueba, sus clases, la naturaleza y valor del testimonio de la víctima para, seguidamente, desmenuzar el derecho a no declarar y todo ello, analizarlo con la jurisprudencia mencionada y las entrevistas realizadas por mujeres que voluntariamente y de forma anónima han querido responder a varias cuestiones, y formular unas conclusiones generales y jurídicas que, según ha adelantado la responsable del IAM,  se remitirán al Observatorio Andaluz de Violencia de Género y a los órganos que correspondan para que los juristas propongan una alternativa a este articulado y dar instrumentos a jueces y fiscales para que puedan condenar a los culpables con todas las garantías procesales.