Las medidas que se requieren deben atender a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector público y apostar por la flexibilización y mejora del funcionamiento de las universidades. Para ello es necesario el compromiso firme, no solo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sino también del de Hacienda, al que se le reclama una mayor confianza en el Sistema Estatal de Investigación.

El nuevo Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros supone un avance en la resolución del problema causado a los estudiantes adjudicatarios de los préstamos renta Universidad. La propuesta planteada en relación a este conflicto, que se generó hace ahora diez años, y que nunca se había abordado, se considera oportuna y satisfactoria para ese colectivo de estudiantes afectados.

Igualmente, se consideran positivas todas las medidas que pretenden asegurar la igualdad de trato y de oportunidades y facilitar la integración de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como su promoción y evolución.

En relación con las modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, se simplifica la tramitación de los expedientes de los contratos menores, pero se mantiene la duda de si el límite cuantitativo de 50.000 euros previsto en la norma para este tipo de contratos se puede considerar o no a nivel de proyecto de investigación. Aunque así se desprende de la información facilitada por el Ministerio en la presentación del Real Decreto-Ley, esta posibilidad no se contempla claramente ni en el articulado ni en la exposición de motivos. En este sentido, el Gobierno tendrá que aclarar urgentemente esta cuestión si quiere evitar que haya tantas interpretaciones a la norma como universidades, algo que ya sucedió cuando esta misma cuantía fue introducida en la Ley de Presupuesto Generales del Estado de 2018.

Otra de las cuestiones que inicialmente es positiva, pero no queda suficientemente aclarada en la nueva norma, es la posibilidad de realizar contratos indefinidos para el desarrollo de proyectos y planes de investigación concretos. Con la información disponible, se mantiene la incertidumbre sobre aspectos como la modalidad contractual a desarrollar, o sobre si otras normas podrían afectar a lo regulado en este sentido por el nuevo Real Decreto-Ley.

Por todo lo anterior, y como representantes del 65% del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, las universidades nos ofrecemos al Gobierno de España, como siempre hemos hecho, para contribuir al desarrollo legislativo, normativo y de convocatorias que afecten a la I+D+i española.